El presente libro constituye un esfuerzo colectivo para analizar la manera en que el gobierno y el Estado mexicano responden a las protestas de los movimientos sociales, de forma concomitante a su presentación pública como estado democrático y defensor de derechos humanos.
Por un lado, el estudio de los casos Oaxaca (APPO) y Atenco (FPDT) revela una estrategia estatal, la cual, si bien no es enteramente nueva, si ha tenido en los últimos años un auge alarmante: la criminalización y judicialización de la protesta social. Dicha estrategia implica un procesamiento penal en condiciones de constantes y sistemáticas violaciones a las garantías procesales de los inculpados. Por otro, los trabajos también están destinados a plantear el debate en torno a este fenómeno no solamente como un efecto coyuntural o causado por defectos transitorios en el desempeño de la jurisdicción, sino dentro de un sistema político, jurídico y económico en el cual la invisibilización, estigmatización y criminalización de los movimientos sociales antisistémicos o no alineados al estado son inseparables del derecho neoliberal estatal. Por esta razón, se plantea situar a la criminalización y a la judicialización de la protesta, en un horizonte de políticas económicas neoliberales y acciones jurídicas empleadas para respaldarlas.
En estas condiciones, los trabajos que constituyen esta obra no son un análisis acabado acerca del fenómeno, sino una invitación para el inicio de un debate de mayor profundidad que es indispensable para las posibilidades de transformación social en nuestro país.
