CABRERA DIRCIO, JULIO / MONTERO ZENDEJAS, DANIEL A. / HUERTAS DIAZ, OMAR (COORDINADORES)
La presente edición tiene como finalidad acercar a los interesados a los avances logrados en materia de derechos humanos y justicia alternativa, partiendo que los únicos procesos donde no se violan los derechos humanos son los de justicia alternativa, ya que un primer elemento, que es de suma importancia, es la voluntariedad, partiendo de la máxima en los contratos, que es el acuerdo de voluntades y donde se ve reflejado que quienes participan lo hacen conscientes de la realidad del conflicto y de cómo se tiene que abordar.
No podemos pensar que la justicia alternativa sea la panacea que nos va a ayudar a resolver todos los problemas que en este momento, en materia de seguridad, tenemos; pero tampoco creernos que un nuevo proceso pueda funcionar a su cabalidad en 10 años; esto es parte de un proceso cultural donde todas las universidades del país juegan un factor esencial en este procedimiento. Una de las formas donde la información de este nuevo proceso se puede dar, es mediante la preparación de los nuevos abogados desde las aulas.
Necesitamos abogados que colaboren en la resolución de los conflictos, conscientes de que más vale un mal arreglo que un buen pleito; así veremos cómo la resolución propiciada por las partes es de fondo, porque generan el conflicto y aportan su resolución, siendo el abogado quien colabora para ello y no un tercero, y que en lo más mínimo le interesa el lado emocional de las partes, aunque al final sólo sirva como estadística de resoluciones.
La reforma constitucional en materia de derechos humanos en nuestro país, ha abierto un parteaguas, generado un rompimiento paradigmático del derecho, al establecer en el párrafo segundo del artículo lº constitucional que «las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia»; de esta manera, los tratados internacionales deben tener una aplicación real en materia de procuración y administración de justicia.
