Las distorsiones que genera la falta de control del dinero ilícito en la política constituyen una de las preocupaciones centrales de las democracias contemporáneas. Principalmente en México, la inevitable relación que existe entre dinero, partidos políticos y campañas electorales se ve permanentemente amenazada por la influencia económica del crimen organizado, dispuesto a violentar la transparencia y la equidad en las contiendas, en aras de proteger sus actividades criminales.
Durante la administración del presidente Calderón, el gobierno mexicano y los partidos políticos han venido produciendo una serie de políticas preventivas contra el crimen a efecto de blindar las campañas políticas. En este trabajo se analizan las estrategias de control implementadas desde la autoridad administrativa electoral, cuyo trabajo en esta materia es independiente de la responsabilidad del Estado en el combate al patrimonio de la delincuencia organizada. Se revisan sus alcances y debilidades, y se ofrecen algunas propuestas para el mejoramiento de las acciones de blindaje.
